Ajuste y pandemia, sepultureras de nuestras vidas

EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SE OCUPE DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS VILLAS El “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, con sus múltiples restricciones, no frenó la decisión del Gobierno de la Ciudad de actuar en la Villa 31-31 bis “Barrio Padre Carlos Mugica” para poner en práctica su modelo de exclusión (del que no están exentos los demás barrios populares de la ciudad más rica del país), que a largo plazo busca la gentrificación de esa zona y a corto plazo significaría el desalojo de centenares de familias y el despojo de las tierras donde se erige el barrio y aledañas, con el fin de favorecer la especulación inmobiliaria. Desde la Liga hemos denunciado en reiteradas oportunidades con las organizaciones del barrio y otras fuerzas sociales la verdadera finalidad del plan para la supuesta “integración social y urbana” de lxs habitantes de la Villa. También hemos señalado más recientemente que la cuarentena no se sufre de la misma manera en los barrios populares que en las viviendas de la clase media o de los grupos más privilegiados. Y la semana pasada hemos denunciado que la ausencia de acciones eficaces gubernamentales ante la falta de agua en la mayor parte de la Villa 31-31 bis (y en otros barrios populares) genera enormes riesgos, que a la fecha alcanza el resultado de 628 casos positivos de Covid-19 y que ya han costado la vida de tres habitantes de ese histórico barrio. Exponemos también que, ante la falta de intervención del GCABA, lxs vecinxs, organizaciones de base y territoriales han sido quienes estuvieron siguiendo los casos "sospechosos" y "vínculos estrechos", como así también sosteniendo las ayudas económicas y de alimentos de las personas afectadas. En este sentido queremos remarcar, aunque parezca una obviedad, que buena parte de la población del barrio 31 trabaja de manera informal y, el aislamiento les imposibilita generar recursos para las necesidades básicas. Es en este contexto, en el que otra vez lxs vecinxs, organizaciones de base y territoriales se articulan para alimentar a un porcentaje importante de la población, a través de comedores comunitarios y ollas populares, dado que la IFE no fue diseñada para que todxs lxs habitantes puedan percibirla -recordemos que el barrio tiene un componente migratorio importante y que de las personas migrantes más de la mitad, hoy, no percibe ningún ingreso. En este mismo sentido, el Gobierno porteño ha avanzado con la reglamentación del plan de supuesta “urbanización” prevista en la Ley CABA 6129, en el medio de la imposibilidad de que lxs habitantes, representantes y organizaciones sociales participen al menos en esta etapa, cuando se les negó intervención real en las fases previas de elaboración y sanción de esta normativa, consolidando así una avanzada antidemocrática de avasallamiento de sus derechos. ¿Por qué, incluso mientras estuvo expresamente prohibido, el gobierno de Rodríguez Larreta continuó realizando mudanzas y relocalizaciones? ¿Por qué esta reglamentación se aprobó de manera callada y aprovechando la imposibilidad de participación de lxs habitantes, representantes y organizaciones del barrio, que se ocupan día a día de garantizar un plato de comida y luchar contra la falta de agua? ¿Por qué, si el Gobierno porteño dice no poder solucionar la prestación del agua corriente, no reclama públicamente a quien pueda hacerlo? ¿Y por qué no adopta mientras tanto medidas que permitan el suministro de agua a las familias en cantidad y calidad suficiente? ¿Por qué no se toman las medidas necesarias para reforzar la alimentación? ¿Por qué no se toman las medidas necesarias para minimizar otros graves peligros para la salud, como el dengue? La inacción del Gobierno porteño parece estar directamente vinculada con su voluntad de avanzar con su política de urbanización con criterios de exclusión y de desalojar a la mayor cantidad de habitantes que puedan, al tornar inhabitables los hogares de miles de familias. Por todos estos motivos, Exigimos que se garantice el acceso al agua potable y su efectivo suministro a lxs habitantes de las villas. Exigimos que se garanticen las medidas de higiene y sanitarias requeridas, para evitar la propagación del Dengue y el Covid-19. Exigimos el aumento de las raciones de alimentos de todos los comedores y merenderos populares. Exigimos la aplicación de una Renta Básica Universal que contemple a todxs. Exigimos las suspensiones de las demoliciones de las casas en el sector “Bajo Autopista” de la Villa 31, 31 bis “Barrio Carlos Mugica” y que se suspendan las relocalizaciones, que es el engañoso ropaje con el que se presentan hoy, los desalojos en el barrio. Y, en definitiva, exigimos que toda decisión importante para el futuro de los barrios populares sea tomada con participación real y plena de sus habitantes, sus representantes elegidxs democráticamente y organizaciones populares, ya que la salida a estos problemas es colectiva, es solidaria y que la vivienda digna es un derecho humano que debe garantizar el Estado.

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