Ante la violencia estatal proponemos "Observatorio contra la violencia Institucional”

Creemos que las soluciones de los problemas vienen de la mano del Pueblo también en los temas de seguridad, de las organizaciones populares que han acumulado décadas de experiencia.

Como Liga celebramos la apertura de este debate de la "Comisión de Seguridad Interior y de DDHH y garantías", creemos que es indispensable para poner las cosas en su lugar. Hay en la Argentina desde el fondo de los tiempos un aparato de Estado autorizado a usar armas letales, que las usaba contra el pueblo no sólo bajo las dictaduras militares sino especialmente luego del agotamiento de la dictadura militar de Videla.



Un 8 de mayo de 1987 un grupo de chicos tomaban cerveza en una esquina de Budge, la bonaerense los mato y armo la clásica escena del crimen que todos conocemos, pero esa vez hubo reacción popular e intervención de los organismos de Derechos Humanos. Fue el doctor León Zimerman de nuestra Liga quien en base a un escrito de Rodolfo Walsh que hablaba sobre la policía, acuño la práctica como “gatillo fácil”. De allí para acá han pasado 34 años y lo que venimos a decir es que este debate no puede ignorar las dos historias que nacieron en Budge, una es la historia de la lucha popular contra la violencia de Estado, la lucha por aclarar la historia del soldado Carrasco, que terminó el servicio militar obligatorio, la lucha por aclarar la desaparición seguida de muerte tantos de los cuales solo voy a nombrar Luciano Arruga y a Santiago Maldonado como muestra de una cultura represora de las fuerzas de seguridad y legitimada por la derecha punitivista y la prensa canalla.



Recuerden al diario Clarín que título “la crisis se cobra dos vidas” no el comisario Franchiotti había asesinado a Kosteki y Santillán luego de que el presidente Duhalde y su corte algunos de los cuales siguen en política y en el propio gobierno actual, denunciaran al movimiento piquetero como violento. Por eso de entrada proponemos modificar dos artículos que están propuestos, uno es para nombrar a todas las fuerzas estatales que portan armas incluyendo a las Fuerzas Armas es decir el Ejercito y dos es discutir el artículo 32 sobre la caracterización de la resistencia como pacifica o no pacifica, cosa que rechazamos de plano ya que no hay ley que tenga derecho a determinar cómo el pueblo puede resistir lo agravios y la violencia colonial.


La Resistencia del pueblo Diaguita en mi 1643 al ejército imperial español, nuestro pueblo ha usado todas formas de resistencia que pudo en cada momento histórico y no nos parece para nada inteligente dejar en manos del gobierno de turno caracterizar que es pacífico y que no es pacífico.


Nuestra propuesta fundamental es conceptual, atraviesa todo el proyecto ya que no solo hay una historia de lucha que va de Budge a Facundo Astudillo Castro, sino que hay una historia de fracasos, de remanidas reformas policiales que siempre repiten lo mismo durante 34 años.


Lo mismo se dice una y otra vez, el Estado se controla a sí mismo, nos es cierto, los asesinos no serán más asesinos si los llevan a un curso de derechos humanos, no es cierto, o el intento descarado de Berni de negociar con la policía bonaerense la concesión de negocios a cambio del supuesto control de la fuerza. Los asesinatos de la bonaerense en estos cuatro meses en Buenas Aires muestran que se camino es un camino fracasado, son formulas viejas agotadas.


Es hora de superar el estatalismo consuetudinario que hay en este país que todo lo piensa ampliando comisiones de estado y más comisiones de estado; nosotros creemos que las soluciones de los problemas vienen de la mano del Pueblo también en los temas de seguridad, de las organizaciones populares que han acumulado décadas de experiencia.


Por lo tanto, proponemos un observatorio totalmente autónomo del Estado, un “Observatorio de la violencia Institucional” con capacidad de alerta temprana, para que la voz de los familiares no sea ninguneada, como hacen todos los casos y lo siguen haciendo. La tortura persiste en la Argentina porque los jueces le siguen creyendo a los torturadores, porque se sigue dudando de la madre de Facundo Astudillo Castro, del hermano de Santiago Maldonado o de las propias víctimas.



En 2019 el gobierno de Macri participo de un intento de golpe de estado contra el pueblo venezolano, en la embajada de Venezuela el movimiento popular resistió el ataque de los matones, la policía le disparó en la oreja a Martin D’Agnese a 5 centímetros con una carabina supuestamente no letal, el fiscal de pedir que se archive la causa porque como había tres policías de Buenos Aires con la misma carabina no puede saber quién disparo y pide cerrar la causa. Si no asumimos que esos son los fiscales reales que el Estado tiene innumerables recursos para impedir la violencia estatal y no lo hace, no vamos a poder encarar esta discusión enserio.


No podemos volver hacer la misma discusión de hace 30 años con los mismos recursos que han fracasado más de una vez. Les podemos contar cientos de casos, pero intuimos que todos saben que las fuerzas estatales que tienen armas las usan contra gusta el Pueblo pobre contra las jóvenes contra las mujeres.


Por eso nosotros creemos que la discusión pasa por romper con el paradigma de que todo lo resuelve el Estado por sí y ante sí y que es el Estado el que se va a regular. Este proyecto que le traemos de Observatorio de alerta temprana lo aprendimos de la experiencia del pueblo colombiano en su lucha contra la impunidad y los crímenes de Estado cometidos durante los dos Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que mediante la autonomía les permitió combatir los falsos positivos judiciales, posibilito la identificación y juicio de agentes estatales que cometieron delitos de violencia institucional y comprender el sistema punitivito y violento que encarna en sí mismo los aparatos represivos del Estado.








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