DECLARACIÓN DE LA LADH ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, ECONÓMICA Y HABITACIONAL

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, ECONÓMICA Y HABITACIONAL ¿QUIÉN PUEDE QUEDARSE EN CASA PARA PROTEGERSE DEL CORONAVIRUS COVID-19?


La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su Comisión de Determinantes Sociales de la Salud presentó a finales de agosto de 2008 un informe llamado “Subsanar las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud". Se habla aquí de las “causas de las causas”, los determinantes sociales de la salud: la distribución de la riqueza, la situación laboral, la educación… Desde que comenzó a desarrollarse una conciencia por el coronavirus hemos escuchado en los medios de comunicación hegemónicos un discurso del Estado capitalista donde los determinantes de esta pandemia, las medidas de prevención sanitaria, los cuidados parecerían ser iguales para todos/as, sin contemplar la realidad de los/as que no tienen una vivienda, se encuentran afectados a un inminente desalojo, o no poseen condiciones para un aislamiento adecuado, los que viven hacinados, en barrios populares, villas o asentamientos precarios, quienes no tienen acceso al agua potable o las mujeres con hijos a su cargo, solas, sin trabajo y sin acceso a una vivienda.



No se destinan los recursos necesarios para garantizar los derechos y la protección de los que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad en su salud. En algunos casos padeciendo dengue, tuberculosis o malnutrición. Los profesionales y los trabajadores de la salud también expresaron algo que parece obvio pero que hay que tener en consideración: las personas sanas tienen mayores posibilidades de enfrentar un virus de estas características. Parece existir una “negación o indiferencia”, en las políticas de prevención estatales que han trascendido a través de las medidas tomadas, de los colectivos excluidos, los pobres, los que no poseen la posibilidad material de cuidarse, los que trabajan en la informalidad o en la economía popular, las personas adultas mayores. En algún punto afirmar en forma generalizada que el hecho de que la pandemia no progrese depende de todos/as, es un discurso que si no se acompaña con medidas concretas para asegurar condiciones dignas de vida, termina culpabilizando a las víctimas de este sistema, a los pobres, que siguen pagando con su salud las desigualdades.



También se habla constantemente del sistema de salud y de su capacidad. Por supuesto que este tema es importante para reducir además las desigualdades en el acceso, pero existe una discusión previa que se tiene que dar y que en epidemiología es crucial: “los determinantes sociales” de los que le gusta hablar a la OMS, es decir, cómo se distribuye la riqueza. El Estado tiene una deuda enorme en esta materia con nuestro pueblo y en una situación de emergencia como la actual debería no sólo atender las necesidades de los que fueron excluidos por este sistema, sino además darles prioridad. El COVID-19 demuestra la incapacidad del sistema capitalista para enfrentar un fenómeno de esta magnitud y saca a la luz las desigualdades sociales que le son alimento. Además de las serias dificultades que debe atravesar nuestro sistema de salud pública severamente afectado por las políticas de desmantelamiento del neoliberalismo y el macrismo en estos últimos cuatro años, siendo los trabajadores y las organizaciones populares son los que se ha puesto al hombro para defender los hospitales públicos. Un gran número de personas no pueden elegir “quedarse en su casa”, debido a que ponen en juego su plato de comida, no habitan en condiciones dignas de vivienda, no cuentan con los servicios esenciales.


Para colmo de males, a todos ellos les asecha la amenaza del desalojo que los dejará en una indefensión mayor aún. Recordemos que en los Tribunales hay centenares de sentencias que así lo ordenan y están a la espera de la ejecución de un inminente desalojo o se encuentran en situación de calle. La situación habitacional es crítica y estructural. La vivienda digna es condición indispensable para gozar del derecho a la salud. Hoy, frente a la pandemia, no gozar de una vivienda digna es también pertenecer a un grupo de riesgo. Por ejemplo, en la Villa 31-31 bis “Barrio Padre Carlos Mugica” a pesar de las medidas de “cuarentena” que limitan a la realización de las actividades “esenciales” continuaron con las relocalizaciones del sector “Bajo Autopista”, por la falsa urbanización que lleva a cabo Rodriguez Larreta, sin garantizar los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, mediante demoliciones y dejando escombros que exponen a los vecinos al dengue.


Gran parte del barrio no cuenta con servicio de agua desde el mes de julio del año 2019 con gran impacto en toda esa histórica barriada de 60.000 habitantes. También es dramática la situación de nuestros compañeros de los pueblos originarios como la comunidad wichi en la Prov. de Salta donde ya van casi una decena de niñxs muertos por causas evitables vinculados entre otros factores a la falta del agua. Cómo enfrentarán estos sectores a esta pandemia? La Casa Santa Cruz, entre tantos otros inmuebles que se encuentra afectado a un inminente desalojo puede dejar a 350 personas (incluyendo 131 niñxs) en situación de calle y a pesar de la fuerte lucha dada por los compañeros frente a los intentos de expulsión, aún no hay respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. El 20 % de la población vive en emergencia habitacional y actualmente, en CABA, existen 140.000 inmuebles vacíos. ¡Basta de priorizar el negocio inmobiliario! Que esos inmuebles ociosos se destinen a las necesidades populares. La vivienda digna es un derecho y reclamamos su efectividad. Por ello, desde nuestra Liga exigimos junto a otras organizaciones populares la DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA HABITACIONAL más aún para que en el marco de la esta pandemia se la decrete por necesidad y urgencia que además disponga la suspensión de TODOS los DESALOJOS para los inmuebles de uso de vivienda familiar por el tiempo necesario que no podría ser menor a los 6 meses, prorrogable si fuera necesario, y en ese tiempo implementar medidas de fondo de obras públicas que permitan dar respuesta y encarar el drama de la vivienda popular -


¡SUSPENSION DE DESALOJOS, YA! CONGELAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALQUILERES Y EXPENSAS DE VIVIENDA FAMILIAR! POR LA DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA, CON SALARIOS DIGNOS PARA LOS PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE LA SANIDAD.


POR MÁS CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES PÚBLICOS CON LOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y LA ATENCIÓN SANITARIA A NUESTRO PUEBLO. LA DEUDA ES CON NOSOTROS, RECLAMAMOS TODOS LOS DERECHOS HUMANOS PARA TODXS. SIN VIVIENDA DIGNA, NO HAY SALUD!!!


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2020




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