• La Liga

«DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA ES UNA ACITIVIDAD DE ALTO RIESGO»


Las políticas fallidas del gobierno Duque han sido cómplices del asesinato de las personas defensoras de derechos humanos


El asesinato de líderes sociales y personas de comunidades vulnerabilizadas por las condiciones de desigualdad en Colombia ha tenido un ascenso dramático en lo corrido de 2020. A principios de año las cifras de líderes asesinados eran más del doble de las de los primeros meses de 2019, llegando a tener 80 masacres con 340 personas asesinadas hasta el 5 de diciembre del presente año.


La firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016 no logró consolidarse como una herramienta para la superación de la violencia política en nuestro país, el incumplimiento y falta de voluntad política por parte del Estado colombiano, a puesto en riesgo la posibilidad de construir una paz estable. Por ello, al contrario, las fallas en la implementación del Acuerdo, sumadas a la desigualdad estructural que padecen especialmente las comunidades rurales, indígenas y Afrodescendientes enfrentan en Colombia. El marcado aumento en el número de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas desde 2017 es una prueba de ello. Defender los derechos humanos en Colombia es una profesión de alto riesgo, específicamente para quienes protegen y promueven los derechos al territorio, al medio ambiente y aquellos vinculados al acceso a la tierra.


El país es considerado como el más peligroso del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos *1, más aún cuando esta se encuentra vinculada a la militancia política . Pese a que el asesinato político de líderes y lideresas y defensores de derechos humanos, ha sido una práctica sistemática en Colombia, aún con la firma del Acuerdo y las múltiples demandas de las organizaciones de la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional al gobierno para atender esta violencia, las cifras de asesinatos y denuncias de ataques, hostigamientos y amenazas de personas defensoras muestra claramente una profundización.


A pesar de la negativa del gobierno Duque por reconocer la grave crisis de violencia, asegurando que durante su gobierno los asesinatos de líderes sociales han disminuido en un 25%, las cifras de fuentes confiables revisadas por Amnistía Internacional indican lo contrario. A finales de 2017, Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reportaron entre 96 y 126 casos de personas defensoras asesinadas en todo el país, de acuerdo con la metodología y acceso a información de cada entidad. Un año más tarde, la cifra pasó a estar entre 115 y 178.


Fuente: Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020, Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz.


Dicha situación, se ha agravado por causa de la pandemia del Coronavirus que ha puesto a las personas defensoras de derechos humanos en una situación de mayor riesgo; dado que los territorios históricamente abandonados por el Estado, sufren una violencia invisibilizada y sin protección de las autoridades y a merced de los grupos paramilitares y narcotraficantes. No se entiende, el por qué en medio de esta situación las autoridades han reducido los esquemas de protección y al mismo tiempo han autorizado actividades que incrementan el riesgo de las comunidades como la extracción de recursos naturales, operativos policiales y erradicación forzada de cultivos ilícitos.

La mayor vulnerabilidad a la que están expuestos los habitantes rurales se encuentran vinculados a procesos de distribución y usos de la tierra, en el que se enmarca los llamados planes de sustitución de cultivo ilícito. 16 de los asesinatos en 2019 y 2020 corresponden a líderes que han apoyado los programas de sustitución de cultivos de coca. Al centrar su atención en la cadena más débil del tráfico de drogas, el gobierno expone a los campesinos cultivadores al poder violento de quienes tienen las mayores ganancias del negocio. Si bien la mayoría de estos eventos fueron perpetrados por grupos ilegales, hay que advertir que precisamente en este contexto, algunos de los asesinatos se han dado en el marco de operaciones de erradicación de cultivos liderados por el Estado.


¿Dónde está el Estado? ¿Por qué no existen sanciones al Estado colombiano por omisión a la grave situación que atraviesa el país?


El Estado no solo debe investigar estos asesinatos, sino que debe participar activamente en la prevención y garantizar los derechos de los líderes y grupos vulnerables amenazados. Estos asesinatos son parte de un fenómeno más agresivo pues se concentra en territorios donde históricamente se han mantenido disputas estructurales por la tierra y cuentan con recursos naturales, cultivos ilícitos, narcotráfico y actividades minero-energéticas. Atender estas disputas de forma integral, articulada y centrándose en los actores más fuertes de las cadenas de las economías ilegales puede contribuir a disminuir la vulnerabilidad a la que quedan expuestos los pequeños campesinos, los indígenas y las comunidades afrodescendientes que lideran una defensa del territorio a costa de su vida.

El problema central en Colombia es la falta de voluntad política del Estado para proteger efectivamente a las personas defensoras de derechos humanos, en especial a aquellas que defienden la tierra, el territorio y el ambiente.

Referencias


1. ¿POR QUÉ NOS QUIEREN MATAR? LA FALTA DE UN ESPACIO SEGURO PARA DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.


2. https://www.marchapatriotica.org/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Especial-Asesinato-lideres-sociales-Nov2016-Jul2020-Indepaz-2.pdf

62 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo