LA LIGA RECLAMA ANTE LA CIDH


En el día de ayer nos presentamos nuevamente ante la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS por la continuidad del lawfare en Argentina que mantiene sometida a la democracia. Alertadxs como estamos por el reciente golpe de Estado en Bolivia que tuvo su anclaje institucional en la complicidad judicial, entendemos que la lucha contra el lawfare es parte de la defensa de la Liga a los principios y garantías democráticas y de justicia social.

En Argentina a 11 meses de haber logrado una titánica tarea que resultó en la derrota electoral de Cambiemos, la embajada y la derecha concentrada, seguimos teniendo presas y presos políticos.


Lee la gacetilla de prensa y como siempre


#NadieSueltaLaManoANadie




GACETILLA DE PRENSA

En una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 18 de noviembre, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh desde 1937) reclama que la Cidh exija a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Argentina su intervención urgente para subsanar la restricción a los derechos humanos de Ricardo Jaime, encerrado en el Penal de Ezeiza desde hace cuatro años, seis meses y diecinueve días sin condena firme y a pesar de sus reiterados pedidos de prisión domiciliaria en virtud de razones de edad, salud y la pandemia Covid 19.

Luego de detallar las gravísimas violaciones al debido proceso que sufre Jaime por parte de un Poder Judicial que mantiene su carácter de subordinación a los planes coloniales de dominación, literalmente la Liga plantea: “ Gravedad que amerita la intervención de los poderes legislativos y ejecutivo del Estado argentino. Si bien el injusto contra Jaime es perpetrado por mandas del Poder Judicial, el artículo 2 de la CIDH establece que los Estados signatarios deben adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos el ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado argentino están obligados por el art. 2 de la CIDH a accionar contra la arbitrariedad del Poder Judicial adoptando las medidas que fueren necesarias para reestablecer el ejercicio de los DDHH que le asisten a Jaime.”

Para terminar planteando “Que se informe de esta denuncia al Estado argentino en el plazo más breve posible porque la ejecución de UNA PENA SIN LEY es una violación grave a los DDHH que no puede dejar el precedente de haber pasado inadvertida por la Comisión. Se ponga a disposición del detenido y del Estado argentino una fórmula de justa composición de intereses que incluya la soltura inmediata de Ricardo Raúl Jaime, condición sin la cual es imposible poner término a la violación de los DDHH que motiva esta presentación y las anteriores. Si este caso permaneciera sin resolver pasado tres meses de haber sido informado al Estado argentino y aun continuara sin solución ni sometido a la decisión de la Corte, que la Comisión haga las recomendaciones pertinentes y fije un plazo dentro del cual el Estado argentino tome las medidas liberatorias que pongan fin a la detención ilegal de Ricardo Raúl Jaime bajo apercibimiento de publicar el informe sobre la violación de DDHH constatada.”

Hacemos esta comunicación como parte de nuestra lucha contra la continuidad del law fare, denunciado y descalificado por parte del Presidente, la Vice Presidenta y un número de legisladores, juristas y personalidades de la Argentina, y como alerta al Poder Ejecutivo de que su inacción puede generar sanciones y condenas internacionales como bien reconoció el actual Secretario de derechos humanos de la Nación en su pedido del 19 de abril de 2020: “esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime, toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad...”.

Nuestra presentación ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos pretende poner en marcha dicho proceso de reclamo ante el Poder Ejecutivo de salvaguardia de los derechos amparados por el Pacto de San José de Costa Rica para el nombrado Jaime y todas y todos los presos políticos que a casi un año de asumido el gobierno, mantienen esa condición incompatible con la vigencia de los parámetros mínimos de la democracia.

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